1. Las distintas regularizaciones llevadas a cabo por los gobiernos de la Nación, primero del PP, y luego del PSOE, han constituido un premio para la ilegalidad y, por tanto, han contribuido poderosamente al famoso efecto llamada, para que más inmigrantes ilegales sigan llegando a nuestro país a través de las costas o de los débiles controles existentes en los aeropuertos nacionales.

2. El principal beneficiario de esta nueva regularización es una clase empresarial deseosa de contar con una reserva de mano de obra sumisa que se pliega sin rechistar a sus condiciones. Así también beneficia al sector de los servicios financieros que obtienen considerables ganancias en los envíos de dinero realizados por los inmigrantes a sus países de origen.

3. Esta nueva regularización premia nuevamente a las mafias que se dedican al tráfico humano pues estas regularizaciones dan estabilidad y seguridad a las inversiones realizadas por estas redes.

4. De seguir regularizando inmigrantes ilegales cada dos años, lo único que se consigue es seguir reduciendo los derechos laborales de los trabajadores residentes en España, la creación de ghettos en las que masas desarraigadas y aculturizadas se dedican al vandalismo tal y como ha ocurrido en Francia el pasado año y además de incrementar las cuentas de resultado de las grandes empresas y bancos.

1. Que se congelen los procesos de regularización y que se expulse inmediatamente a todos los inmigrantes ilegales a la frontera extracomunitaria más cercana.

2. El aumento de la inspección de trabajo a tres turnos, con el objetivo de impedir que mano de obra sumisa sea obligada a trabajar fuera de los horarios habituales y al margen de las condiciones exigibles por las leyes.

3. Modificación del Código Penal para que se convierta en delito, perseguido por los Tribunales de Justicia en lugar de la Magistratura de Trabajo, tener inmigrantes ilegales por parte de los empresarios, y que la pena mínima sea la incautación por parte del Estado de los haberes y bienes de la empresa obtenido durante los últimos cinco años.

4. Modificación del Código Penal para que aquellos que transportan o contribuyan a la entrada de inmigrantes ilegales sean condenados a penas mínimas de 30 años y la incautación por parte del Estado de todos los bienes que pudieran tener ellos y sus familiares dentro de la Unión Europea.

5. La congelación por un periodo no inferior a cinco años de visas de trabajo para los inmigrantes legales que quieran acceder al mercado laboral español.

6. Desarrollo de programas de formación y creación de empleo en los países de origen del fenómeno migratorio, controlando los recursos asignados para estos programas por los ministerios de Asuntos Exteriores, de Trabajo y Educación del Estado Español.

7. Favorecer el entendimiento y la colaboración con aquellas organizaciones y movimientos políticos que luchan contra las cleptocracias de África y los gobiernos vasallos de los EEUU en Iberoamerica.